La imagen quedará para las hemerotecas de la intransigencia: un hemiciclo donde la derecha y la ultraderecha volvieron a mostrar este viernes su verdadera cara frente al drama habitacional que ahoga a este país. Con una pinza tan previsible como insolidaria, el Partido Popular y Vox —con la inesperada y sonrojante pinza de Junts— tumbaron en el Congreso de los Diputados los reales decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. ¿El balance? Un portazo en las narices a miles de familias, jóvenes atrapados en la precariedad y vulnerables que esperaban un escudo real frente a la especulación.
Mientras en las calles aledañas al Parlamento cientos de ciudadanos exigían dignidad y aire fresco ante el encarecimiento desbocado de los alquileres, dentro del edificio los argumentarios de la bancada conservadora destilaban un frío tecnocratismo. Para Alberto Núñez Feijóo y los suyos, la vivienda no es un derecho constitucional que deba garantizarse, sino una mercancía más sujeta a los vaivenes del libre mercado, un tablero de juego donde lo único importante es desgastar al adversario político.
El arte de mirar hacia otro lado
La intervención del diputado popular Sergio Sayas ilustró a la perfección la deriva ideológica de un partido incapaz de proponer una sola alternativa viable. Entre acusaciones huecas y un victimismo impostado, la derecha prefirió agitar el fantasma del intervencionismo antes que reconocer que la crisis de la vivienda asfixia hoy a las clases medias y trabajadoras precisamente por la falta histórica de regulación.
Gritar «intervencionismo» cada vez que se intenta blindar el acceso a un hogar o frenar desahucios abusivos es la coartada perfecta para proteger los intereses de los grandes tenedores y de los fondos buitre. La derecha prefiere un mercado salvaje donde los precios suban hasta el infinito antes que aceptar que el Estado intervenga para proteger al eslabón más débil.
De la bronca parlamentaria al mitin electoral
Lo más grave de la sesión no fue solo la derrota de unas medidas de mínimos que buscaban calmar la urgencia social, sino la mezquindad táctica del Partido Popular. Apenas consumada la traición a los inquilinos, con los decretos ya derogados y el escudo antidesahucios hecho añicos, Feijóo no tardó ni cinco minutos en enfundarse el traje de campaña.
Exigir un adelanto electoral sobre las cenizas de la crisis habitacional demuestra que a la derecha le importa poco o nada el bienestar de la ciudadanía. Utilizar la angustia de los desahuciados y el drama de los jóvenes como simple munición electoral es una irresponsabilidad política de proporciones históricas.
Hoy, el Congreso ha demostrado que para la derecha la prioridad no es Maricarmen ni ninguna otra familia en riesgo de exclusión residencial; la prioridad es gobernar, aunque para ello haya que dejar el país sin red de seguridad. Los decretos han caído, pero la exigencia social sigue en la calle, recordando que los derechos no se regalan: se conquistan frente a quienes prefieren el cemento de la especulación a la justicia social.
