Maricarmen abandona la que fue su casa durante 70 años en el barrio del Retiro en un caso que ha desnudado la crisis habitacional de España: cargas policiales, intentos de compra por parte del Gobierno, una mediación fallida y la negativa rotunda de la propiedad a aceptar el pago del alquiler por un tercero.
La cerradura del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda ha cedido finalmente este miércoles, poco antes de las 13:00 horas, certificando el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años y con un 50% de discapacidad. Ha sido el desenlace de una mañana de enorme tensión en el céntrico distrito madrileño del Retiro, marcada por un despliegue policial sin precedentes recientes para un alzamiento de estas características, la resistencia pacífica de cientos de activistas y el fracaso de los últimos intentos desesperados por frenar un proceso que se había convertido en un símbolo nacional de la lucha por el derecho a la vivienda.
La jornada decisiva comenzó de madrugada. Respondiendo al llamamiento del Sindicato de Inquilinas, más de 200 personas acamparon frente al bloque y en el interior del portal para tratar de impedir el cuarto intento de lanzamiento judicial de la anciana. La movilización atrajo durante la noche el apoyo presencial de figuras de la cultura como Ana Belén, Inés Hernand, Juan Diego Botto, Marwán o Carlos Bardem.
Sin embargo, a primera hora de la mañana, el escenario cambió radicalmente. Una decena de furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional acordonó la zona para garantizar el acceso de la comisión judicial, citada a las 9:30 horas. Ante la negativa de los manifestantes a despejar el portal al grito de «Maricarmen se queda» o «la gente no quiere áticos, quiere pisos para vivir», los agentes procedieron a desalojar a los activistas uno a uno, llevándolos en volandas o arrastrándolos por el asfalto. El Sindicato de Inquilinas denunció el uso de gas pimienta, síntomas de asfixia entre varios concentrados y la identificación de al menos 40 personas.
El hermetismo en torno a los últimos momentos de Maricarmen en su hogar fue forzado por mandato judicial. Las fuerzas de seguridad obligaron a los medios de comunicación a retroceder 200 metros, alejándolos del cordón policial. Desde la Delegación del Gobierno en Madrid, si bien se mostraron contrarios al desahucio, recalcaron que el operativo respondía al estricto cumplimiento de las instrucciones dictadas por el juzgado.
El origen judicial: de la renta antigua al Tribunal Supremo
El calvario de Maricarmen hunde sus raíces en la transformación del mercado inmobiliario madrileño. Su padre firmó el contrato de arrendamiento original en 1956, acogiéndose a la ley de renta antigua. Tras el fallecimiento de sus progenitores, Maricarmen logró subrogarse al contrato, abonando mensualmente unos 500 euros, cantidad que incluía las actualizaciones del IPC y el pago del IBI.
La estabilidad se quebró en 2018, cuando el fondo inmobiliario Urbagestión adquirió la propiedad del edificio. La empresa exigió a la anciana una actualización de la cuota que disparaba el alquiler hasta los 1.650 euros (cifra que otras fuentes elevan hasta los 2.650 euros). Ante la imposibilidad de asumir una subida del 275%, el caso acabó en los tribunales. Aunque la justicia dio la razón a la inquilina en primera instancia, amparando su derecho a la subrogación, el Tribunal Supremo acabó fallando a favor del fondo de inversión, agotando la vía judicial de la afectada.
Bloqueo absoluto: el rechazo a la solidaridad ciudadana e institucional
Lo que ha singularizado este caso frente a otros desahucios ha sido la negativa taxativa de la propiedad a cualquier tipo de acuerdo. En los días previos, una escritora anónima se había ofrecido formalmente a abonar la diferencia íntegra del alquiler exigido por el fondo para que Maricarmen no tuviera que abandonar su hogar, propuesta que Urbagestión desestimó.
Durante la misma mañana del alzamiento, la abogada de la anciana, la exdiputada Alejandra Jacinto, intentó una mediación in extremis solicitando un aplazamiento de un solo mes por razones humanitarias. La respuesta de la empresa volvió a ser negativa. De hecho, la propiedad no concedió a Maricarmen tiempo material para recoger sus enseres de toda una vida, exigiéndole únicamente que facilitara una dirección postal para remitirle los muebles.
La inflexibilidad de Urbagestión ha provocado la indignación directa del Gobierno central. La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, intervino en la Cadena SER para detallar las maniobras institucionales que chocaron contra un muro. Según Iglesias, el Ejecutivo llegó a ofrecer la compra directa de la vivienda para mantener a la inquilina, apeló a las Naciones Unidas para exigir la paralización por vulnerabilidad de derechos humanos y aportó fondos a la comunidad de propietarios. «Nos han tenido dos meses mareando la perdiz, simulando una mediación que han terminado por abandonar sin coger el teléfono. Es una empresa depredadora», sentenció la secretaria de Estado.
Reproches políticos y un final en ambulancia
El caso ha agitado también el tablero político. Desde el Sindicato de Inquilinas han dirigido parte de sus críticas hacia el propio Gobierno, acusándolo de retener en el Congreso de los Diputados el decreto de vivienda por falta de apoyos, una legislación que, aseguran, habría permitido frenar este alzamiento. Por su parte, el alcalde de Madrid ha calificado la situación de «drama humano», pero ha justificado la actuación de los servicios municipales insistiendo en que «los mandatos judiciales están para cumplirse».
A las puertas de la vivienda, el Samur Social aguardaba el desenlace. El Ayuntamiento de Madrid, que emitió un informe de extrema vulnerabilidad en octubre de 2025, había ofrecido en ocasiones anteriores una alternativa en un centro institucional que la anciana rechazó. Finalmente, ante la consumación del desahucio y sin un techo alternativo inmediato, el equipo de Alejandra Jacinto dio por hecho el peor de los escenarios previstos: debido a su frágil estado de salud y al extremo estrés sufrido durante las últimas 48 horas, el primer destino de Maricarmen al abandonar la casa en la que vivió siete décadas será, muy probablemente, el hospital.
